Santiago de Chile, 30 ago (EFE).- Con la pregunta «dónde están», los familiares de víctimas, supervivientes de la represión y organismos humanitarios conmemoraron hoy en Chile el Día Internacional del Detenido Desaparecido.
También con la demanda al gobierno de que exijan a las Fuerzas Armadas abrir los archivos con datos que contribuyan a conocer la suerte de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Según informes oficiales, unos 2.300 chilenos murieron a manos de agentes del Estado en ese período, de los que 1.192 figuran aún como desaparecidos.
«Este es un día que se conmemora en todos los países donde existen detenidos desaparecidos y en Chile es además un día oficial, que conmemoramos desde hace seis años», dijo al portal Cambio21 Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
En la conmemoración participan, además de la AFDD, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Politicos (AFEP), la Comisión Ética contra la Tortura y las organizaciones «Londres38 Espacio de Memorias» y la «Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi», integradas por supervivientes de la represión.
«Londres 38», que fue un centro de tortura y exterminio situado en pleno centro de Santiago, anunció la apertura al público del archivo de la Colonia Dignidad, un enclave alemán en el sur de Chile que sirvió como prisión, centro de tortura y exterminio de opositores.
Bajo el convencimiento de que aún hay condiciones para obtener más verdad y justicia sobre los desaparecidos, el colectivo entregó simbólicamente a la presidenta Michelle Bachelet copia de ese archivo, encontrado hace algunos años en la Colonia y que consta de más de 40.000 fichas y que fue entregado a Londres38 por el Instituto de Derechos Humanos.
«El Gobierno, el Poder Judicial y los organismos del Estado deben asumir que en esos documentos hay antecedentes y pruebas de la labor represiva de la DINA (la policía secreta de Pinochet) y la Colonia Dignidad», señaló Londres38 en una declaración pública.
«Demandamos al Estado que entregue una señal política clara de su voluntad por conseguir más verdad y justicia», precisó el texto, que también plantea que se levante el secreto por 50 años de los archivos de las comisiones Rettig y Valech.
La primera determinó las ejecuciones y desapariciones cometidas por la dictadura y la segunda determinó que más de 33.000 chilenos fueron torturados y encarcelados por causas políticas en ese período.
También Londres38 planteó que «es necesario designar más jueces con dedicación exclusiva, para un avance efectivo en las más de mil causas judiciales abiertas».
En tanto, Carola Rivero, secretaria general del Partido Socialista, llamó a los militares y civiles que sirvieron a la dictadura «a terminar con el pacto de silencio y señalar donde están los desaparecidos».
Recordó que entre los desaparecidos figuran cincuenta menores de edad y nueve mujeres embarazadas y descartó que los crímenes hayan sido solamente «excesos» cometidos por algunos agentes.
«Lo que hubo en Chile no fueron excesos, sino terrorismo de Estado (…). Hubo un alto mando constituido por civiles y militares que planificaron, ejecutaron y facilitaron recursos de todo tipo en Chile y el extranjero, para llevar a cabo una represión sistemática», consideró.
Carola Rivero, concejala del municipio santiaguino de Independencia, llamó a alcaldes y concejos municipales a poner el nombre de desaparecidos a calles o plazas del país.
«Cada comuna de Chile tiene algún detenido desaparecido o ejecutado político. Es un modesto gesto de homenaje y de compromiso de no olvidarlos nunca», concluyó. EFE