«Venezuela corre el riesgo de caer en una espiral de violencia» a menos que las partes se sienten a dialogar, comprometidas con «el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho», afirma un informe de la ONG Amnistía Internacional (AI) dado a conocer este martes.
El reporte, que constituye una compilación independiente de lo que ha venido sucediendo desde que comenzó la actual ola de protestas en febrero, recoge cifras que la Fiscalía venezolana le aportó a AI sobre denuncias de abusos hasta el jueves pasado y que suman 81.
También incluye varios testimonios de los presuntos abusos.
La organización acogió con beneplácito el hecho de que la Fiscalía entregara la información que solicitó en esta materia y aseguró que el gobierno parece estar preocupado por el tema. En total, 17 funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad han sido arrestados por acusaciones vinculadas a violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo, según dijo la directora del programa para las Américas de AI, Guadalupe Marengo, el reporte «es un llamamiento al gobierno de que si no pone los derechos humanos como su prioridad, la crisis sólo va a recrudecerse».
«Nuestra conclusión», le dijo Marengo a BBC Mundo, «es que en este momento hay un uso excesivo de la fuerza y el gobierno debe mandar una señal a las autoridades para que todos respeten los derechos humanos».
BBC Mundo se comunicó con la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Ministerio de Comunicaciones, pero no fue posible obtener una reacción oficial a informe.
Las presuntas violaciones
Según las cifras de la Fiscalía, hasta el jueves se registraba un total de 37 muertos (29 civiles y ocho funcionarios de seguridad y orden público), 559 heridos y 168 personas actualmente arrestadas, aunque el total de detenidos en 49 días de protestas antigubernamentales es de 2.153.
El fin de semana hubo otras dos víctimas: una en la ciudad de Maracaibo y otra en San Cristóbal, en el occidente del país.
En medio de esta serie de números AI recogió los testimonios de decenas de personas que aseguran haber sido víctimas de excesos judiciales y maltratos y torturas de las autoridades.
Descargas eléctricas, golpizas y una violación son -entre otros casos de detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos y degradantes- lo que la Fiscalía dice estar investigando en esos 81 expedientes.
La fiscal Luisa Ortega reconoció que han habido «excesos» de las autoridades.Aunque Marengo aclaró que el reporte es de carácter preliminar, porque las investigaciones judiciales aún están en curso, el informe describe diferentes casos de violaciones de los derechos humanos que se han podido evidenciar a pesar de no haber sido resueltos legalmente.
Uno es que las autoridades no identificaron ni advirtieron sus intenciones de «emplear armas de fuego con tiempo suficiente para que se tome en cuenta».
Los perdigones de goma, por ejemplo, que se suelen usar para dispersar a los manifestantes, en algunos casos fueron usados «sin mediar una clara advertencia» y «dirigidos directamente al cuerpo de los manifestantes y disparados a corta distancia».
Y esa aparente desmesura, asegura AI, en al menos un caso han provocado la muerte.
Amnistía Internacional advierte que la violación de los DDHH viene de todos los lados.Además del uso de perdigones, gases lacrimógenos y cañones de agua a presión sin advertencia ni opción de desalojar, AI habla del uso «excesivo» e «indiscriminado» de estos elementos.
Tras los disturbios en la Universidad Central de Venezuela el 12 de marzo, por ejemplo, una comisión de la universidad encontró más de 800 bombas usadas, por cuyo lanzamiento 25 personas habrían mostrado signos de asfixia.
Por otro lado, el informe advierte de las arbitrariedades cometidas en muchos de los arrestos, ya que algunos manifestantes han sido «detenidos sin orden de aprehensión y sin encontrarse cometiendo ningún delito (en flagrancia)».
Asimismo, muchos de los detenidos no han tenido acceso inmediato y periódico a un abogado, dice la ONG, lo que según los estándares internacionales usados por AI es una «importante salvaguardia contra la tortura, los malos tratos y las confesiones hechas bajo coacción y otros abusos».
En su informe, AI concluye que «los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a los detenidos parecerían tener como objeto castigarlos por su participación, o supuesta participación en las protestas».
Qué ha hecho el gobierno
La organización con base en Londres pide que sea la justicia venezolana quien investigue los casos.
«Creemos que hay un compromiso de hacer estas investigaciones, pero insistimos en que hay que continuar con las investigaciones y llevarlas a la justicia», dijo Marengo.
Cuando arrancaron las protestas y se denunciaron las primeras violaciones a derechos humanos, el presidente, Nicolás Maduro, dijo que «en Venezuela no se violan los derechos humanos» y que dispondría de todas las herramientas del Estado para investigar y castigar las denuncias.
Los choques entre manifestantes y autoridades cumplen 49 días.Y cuando el mandatario habló de los casos de funcionarios de seguridad involucrados en estos casos dijo que se trata de una «excepción».
Sin embargo, dice AI, «estos compromisos no han sido llevados a la práctica».
El gobierno lanzó una línea telefónica gratuita para recibir denuncias ocurridas durante esta crisis y creó -la semana pasada- una Comisión de Derechos Humanos, dos hechos que AI dice celebrar.
Entrentanto, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo son acusadas por la oposición de estar instrumentalizadas políticamente por el gobierno.
Fuente: BBC Mundo