El diario de crónica roja El Extra deberá pagar hasta el viernes una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses, sanción impuesta por no rectificar dentro de los plazos previstos por la ley una información publicada en 2013, informó este miércoles el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa.
La Superintendencia de Información y Comunicación resolvió el martes multar al rotativo por incurrir en “reincidencia” establecida en el numeral tres del artículo 23 de la Ley de Comunicación, debido a que no rectificó -en los plazos establecidos- dos notas de prensa publicadas en noviembre y diciembre de 2013.
Uno de los casos es una orden de rectificación por una nota sobre narcotráfico en el que se hace referencia a un ciudadano ecuatoriano, sin haber una sentencia judicial en firme; y el otro es acerca de la muerte en un accidente de tránsito del rector de la Universidad Politécnica de Chimborazo (Espoch), Rodríguez Cárdenas. En este caso, la Supercom dispuso la rectificación de dos titulares.
“El Extra tiene 72 horas desde el momento de la notificación (martes) para pagar la multa y rectificar en el caso de la universidad Espoch, porque en el otro caso se lo hizo, aunque extemporáneamente” afirmó el superintendente.
Subrayó que por no haber atendido las disposiciones de la Supercom, los casos fueron enviados a la Fiscalía para que se analice si el medio de comunicación incurrió en el delito de desacato, sancionado en el artículo 234 del código penal vigente con prisión de 31 días a dos meses.
Ochoa informó que se ha solicitado al Servicio de Rentas Internas (SRI) para que notifique cuál ha sido la liquidación de cada uno de los últimos tres meses para proceder a la sanción pecuniaria
Hasta el 07 de febrero la Supercom recibió 67 casos de los cuales uno es por contenido discriminatorio, dos por violación al derecho a recibir información veraz, cuatro por requerimiento de información, seis por denuncias de malas prácticas, ocho por derecho a réplica, ocho por linchamiento mediático, nueve por violación a normas deontológicas, 11 por solicitudes de gestiones a la Supercom y 28 por solicitudes de rectificación.
Fuente: Andes