El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador anunció hoy que entregará los formularios para la recogida de firmas a grupos que quieren llevar a las urnas de votación la explotación petrolera en el parque nacional Yasuní, en la Amazonía, tras aprobar una reforma al reglamento para consultas populares.
El pleno del CNE, por unanimidad, aprobó las reformas que también se aplicarán a eventuales referendos y procesos de revocación de mandatos, informó el organismo en su portal web.
Con ello, el CNE dio paso a una resolución de la Corte Constitucional que, al analizar el pedido de consulta hecho por grupos ambientalistas y de izquierda, decidió que previo a la calificación legal de la solicitud, el organismo electoral debía dar paso al proceso de recogida de firmas de los peticionarios.
Según la normativa ecuatoriana, para convocar a una consulta popular por iniciativa de la ciudadanía, los solicitantes deben presentar unas 600.000 firmas de respaldo.
La consejera del CNE, Roxana Silva, ratificó que, «dando cumplimiento a lo establecido por la Corte Constitucional, se han resuelto las reformas de Democracia Directa».
Los peticionarios, dijo, tendrán 180 días para recoger las rúbricas de respaldo y presentarlas al CNE, que verificará la totalidad de firmas y emitirá un informe en un plazo de 15 días después de recibir los formularios.
Dicho informe será conocido por el CNE y remitido a la Corte Constitucional para que determine la legalidad o no de la pregunta a ser consultada a la población.
El organismo electoral dará facilidades y brindará la capacitación necesaria a los peticionarios para el proceso de recolección de firmas, indicó Silva.
Precisó que los grupos que impulsan la consulta ya pueden retirar del CNE los formularios para recoger las firmas de respaldo.
En agosto pasado, el jurista Julio César Trujillo, ligado al movimiento indígena Pachakutik, pidió a la Corte Constitucional que califique la legalidad de una pregunta que constaría en la eventual consulta popular sobre la explotación de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), situados en el parque Yasuní, en el este de la Amazonía ecuatoriana.
«¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el suelo?», es el texto de la pregunta que Trujillo presentó ante la Corte Constitucional.
La solicitud de Trujillo se dio pocos días después de que el presidente del país, Rafael Correa, diera por terminada la iniciativa Yasuní-ITT, que él mismo había presentado en Naciones Unidas hace seis años y que buscaba mantener intacto el Yasuní, a cambio de una compensación económica de la comunidad internacional.
Ante la falta de apoyo extranjero, pues sólo había recogido el 0,37 por ciento de los 3.600 millones de dólares, la mitad de los recursos que en 2006 calculaba obtener en doce años por explotar el ITT, Correa puso fin a la iniciativa, no sin antes culpar al mundo de «haber fallado» a esa propuesta encaminada a combatir el cambio climático.
Su decisión de explotar los yacimientos petrolíferos disgustó a grupos ambientalistas y de indígenas que consideran que el tema debe ser sometido a una consulta popular. EFE