Grupos de ecologistas y de izquierda de Ecuador acudieron ayer a la Corte Constitucional para entregar a ese organismo de control legal una propuesta de consulta popular con la que pretenden frenar la decisión del Gobierno de explotar petróleo en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía.
El jurista Julio César Trujillo, ligado al movimiento indígena Pachakutik, explicó a periodistas que se ha pedido a la Corte Constitucional que califique la legalidad de una pregunta que constaría en la eventual consulta popular.
Trujillo dijo que la pregunta ha sido elaborada por varios colectivos sociales opuestos a que se explote el crudo en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), situados en el parque Yasuní, en el este de la Amazonía ecuatoriana.
«¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el suelo?», es el texto de la pregunta que Trujillo presentó ante la Corte Constitucional.
Hace una semana, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dio por terminada la iniciativa Yasuní-ITT, que él mismo había presentado en Naciones Unidas hace seis años y que buscaba mantener intacto el Yasuní, a cambio de una compensación económica de la comunidad internacional.
Ante la falta de apoyo extranjero, pues sólo se había recogido el 0,37 por ciento de los 3.600 millones de dólares en doce años que Ecuador solicitaba (la mitad de los recursos que en 2006 calculaba obtener por explotar el ITT), Correa puso fin a la iniciativa, no sin antes culpar al mundo de «haber fallado» a esa propuesta encaminada a combatir el cambio climático.
Su decisión de explotar los yacimientos petrolíferos disgustó a grupos ambientalistas y de indígenas que exigen una consulta popular sobre el asunto.
La presentación de una pregunta para que califique la Corte Constitucional, según Trujillo, forma parte de una serie de acciones para defender el proyecto Yasuní-ITT.
Esa pregunta no es, dijo el jurista, una «iniciativa de nadie en particular sino de los ecuatorianos» y remarcó que se debe esperar a que dicha Corte califique su legalidad.
Luego, explicó, se deberán recoger las firmas de respaldo que las leyes establecen (unas 600.000) para solicitar que se realice la consulta por «iniciativa popular», aunque también podría ser una propuesta de la Asamblea Nacional, el órgano legislativo que debe definir la solicitud de Correa de explotar el eje ITT.
Alberto Acosta, un exaliado de Correa e integrante de colectivos de izquierda, dijo que la polémica que ha levantado la decisión presidencial, puede servir como una «oportunidad de crear un gran frente ciudadano para dar respuesta» a este dilema.
Por otro lado, varios colectivos de jóvenes ecologistas se congregaron hoy en las afueras del Palacio de Gobierno, en el casco colonial de Quito, para protestar por la decisión de poner fin a la iniciativa ambientalista.
«Yasuní te amo, verde y vivo», decía una de las pancartas que aparecieron en la manifestación que congregó a más de un centenar de personas.
«El dinero no se come», rezaba otra de las cartulinas alzada por jóvenes que lucían los rostros pintados con leyendas como «Amo el Yasuní, amo la vida».
Junto a ellos también permaneció otro grupo de simpatizantes del movimiento oficialista Alianza País que, por contra, respaldaron la decisión del Presidente y la justificaron parafraseando al propio mandatario, quien ha ofrecido que el dinero que obtenga del Yasuní le permitirá erradicar la pobreza y dirigir el desarrollo nacional.
«Sí a la explotación responsable» en el Yasuní o «Rafael (Correa) apoyamos tu decisión», fueron algunas de las pancartas y consignas de los oficialistas.
Los colectivos ambientalistas anunciaron que efectuarán nuevas manifestaciones «en defensa del Yasuní». EFE