El Gobierno de Ecuador se dispone a pedir al Legislativo que autorice la explotación petrolera en parte del Parque Yasuní, en la Amazonía, mientras ecologistas e indígenas anuncian acciones para evitarla, un día después de que el Ejecutivo pusiera fin a una iniciativa que buscaba dejar el crudo bajo tierra.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció el jueves el fin de la iniciativa Yasuní-ITT, porque, dijo, el mundo «ha fallado» al no contribuir con el proyecto que pretendía proteger un sector de la selva amazónica y dejar bajo tierra un importante yacimiento petrolífero a cambio de una compensación económica.
Correa dijo que pedirá la autorización a la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, para explotar crudo en el bloque Ishpingo Tambocoha Titutini (ITT) en el Parque Nacional Yasuní, declarado Reserva Natural de la Biósfera por la Unesco.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad del Legislativo, Carlos Viteri, expresó este viernes en el canal de televisión Ecuavisa su «pesar» y «decepción» por el poco apoyo de la comunidad internacional que, en su opinión, mostró «un doble discurso» en la lucha contra el calentamiento global.
Según Correa, sólo se han recogido 13,3 millones de dólares de aportes depositados en los fideicomisos constituidos para llevar adelante la iniciativa, lo que representa «apenas el 0,37 % de lo esperado», según dijo.
El mandatario apuntó, además, que existen otros 116 millones de dólares en «compromisos» de apoyo vinculados no directamente con la iniciativa Yasuní-ITT.
La ministra de Ambiente de Ecuador, Lorena Tapia, insistió este viernes en que se garantizará el control ambiental en la explotación de crudo en una zona del Parque Yasuní, en caso de que el Legislativo lo autorice.
Tapia explicó que el Parque Nacional Yasuní tiene alrededor de un millón de hectáreas y el bloque Ishpingo Tambococha Tiputini (ITT) unas 200 hectáreas, pero subrayó que «la explotación como tal (…) será de alrededor del uno por mil aproximadamente y se van a usar las mejore tecnologías, y desde el Ministerio del Ambiente, el mejor control».
Roque Sevilla, exintegrante de la comisión negociadora de la iniciativa, se declaró hoy «de luto» por la decisión gubernamental y señaló que aunque se apliquen altas tecnologías, habrá daños ambientales durante la explotación petrolera en la selva amazónica.
Por su parte, grupos ecologistas e indígenas unieron este viernes sus voces para rechazar la anunciada explotación, por temor a daños al medioambiente y a las comunidades nativas de la zona.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Humberto Cholango, recordó que el Gobierno preguntó en una consulta popular sobre la realización de las corridas de toros, por lo que ve necesario que se busque la opinión ciudadana en torno a la iniciativa Yasuní-ITT, a la que calificó de «enorme importancia».
Cholango adelantó que notificará a los organismos internacionales sobre los peligros de la explotación petrolera, mientras se preparan acciones para defender al Yasuní.
El colectivo «Amazonía por la vida», que agrupa a defensores del medioambiente, cree que «si la iniciativa no recibió el dinero esperado es por exclusiva responsabilidad de la propia acción gubernamental que no pudo evitar que saliera al público el ‘Plan B’ (explotación) y sus avances».
En una carta a la Asamblea Legislativa remitida a la prensa, el colectivo considera que «no es que el mundo no entendió la iniciativa, es que el Gobierno no pudo impulsarlo por falta de convencimiento y de garantías».
«Mucha gente, niños incluidos, entregaron contribuciones para la no explotación del crudo. Ha habido publicidad, compromisos éticos, inversiones en investigaciones, gasto público (…) ¿cómo se van a cerrar las cuentas?, ¿quién asumirá la responsabilidad a satisfacción de los donantes de esas contribuciones?», señaló.
Para la agrupación, la «única salida con dignidad, democracia y justicia» es no explotar el ITT y «si hay dudas, (acudir a) la consulta popular».
Ecuador lanzó el proyecto hace seis años, cuando pidió la «corresponsabilidad» económica de la comunidad internacional para no explotar el crudo del eje ITT, lo que también suponía evitar la emisión a la atmósfera de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono, que se generaría con la combustión del hidrocarburo. EFE