Las ecuatorianas Gabriela Correa y Pamela Troya pidieron hoy cita para casarse en el Registro Civil de Quito, donde entregaron sus documentos y quedaron a la espera del turno de boda, a pesar de que la Constitución del país no prevé el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Con esta acción, colectivos de defensa del matrimonio «igualitario» emprendieron una campaña que busca conseguir la aceptación del matrimonio homosexual como ya han hecho otros países, entre ellos, Uruguay, donde hoy se inscribieron los primeros varones que se casarán tras la entrada en vigor de la Ley que lo permite.
Pero cuando revisen sus papeles se les dirá que no es posible celebrar el matrimonio, explicó a Efe Silvia Buendía, portavoz de la Red de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI) de Ecuador.
«Si esto lo ponen por escrito ya tenemos una negativa expresa y oficial para algún tipo de procedimiento legal», agregó, y subrayó que «cada mes hay un nuevo país que saca adelante el matrimonio igualitario».
Según la Red LGBTI, hasta julio de 2013 Argentina, Brasil, España, Uruguay, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Holanda, Inglaterra, Gales, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Sudáfrica y Suecia han reconocido este derecho, al igual que jurisdicciones locales en EE.UU. y México, y otros 18 países están en este proceso.
Buendía explicó que «existen diferentes vías para lograr el matrimonio igualitario y citó la legislativa, la resolución de altos tribunales y la presentación de una demanda ante un juez de lo civil, pero en su opinión, una buena alternativa es utilizar todos estos medios y, sobre todo, dar visibilidad al asunto, como se hizo hoy en Quito.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, apuntó en mayo a través de Twitter la posibilidad de aprovechar las elecciones locales de febrero de 2014 para someter a consulta popular la cuestión del matrimonio homosexual.
Correa, quien es católico, sostiene que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, como dispone la Constitución de 2008, aprobada por la población, que en febrero del año próximo volverá a las urnas para designar a alcaldes, prefectos y otras autoridades.
Sobre esa sugerencia presidencial de consulta popular, Silvia Buendía consideró hoy que se trató de «un arrebato tuitero» del mandatario y tachó de «contrasentido» y de «ejercicio de cinismo» la idea, porque aquello que afecta a los derechos humanos -dijo- «no se puede someter a consultas populares».
«En derechos humanos no existen mayorías ni minorías cuantitativas. No se puede dejar a la mayoría que decida» sobre aspectos que afectan a los derechos humanos de las minorías, precisó.
Y agregó: «Con Correa o sin Correa aquí va a haber matrimonio igualitario». EFE