A través de la resolución se manifiesta “el rechazo categórico a todo empleo ilegal e indiscriminado del espionaje y en especial al que se habría llevado a cabo por el Gobierno de los Estados Unidos de América en complicidad con compañías transnacionales, y con otros países, en contra de las naciones, pueblos e individuos, atentando contra la soberanía de los Estados y el derecho a la intimidad y privacidad de todos los habitantes del planeta consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como contra la propiedad intelectual”.
Además, se condena “el uso indiscriminado del espionaje para obtener información privilegiada”.