Ese informe estaba siendo ajustado hasta la mañana del martes, antes de su entrega en Secretaría. Por el partido de fútbol entre la Selección de Ecuador y la de Argentina, el legislador dijo que no ve ambiente para que el tema sea retomado este día, aunque aclaró que esa es facultad de la Presidencia de la Legislatura.
Larriva y su equipo de asesores estuvieron hasta las 22:30 de la noche de ayer procesando las observaciones realizadas durante el segundo debate en el Pleno, realizado la tarde y noche, y otras sugerencias que llegaron hasta el ponente por escrito. Ese trabajo fue retomado desde las 07:30 de hoy y concluyó pasadas las 11:00.
Tras el cierre del segundo debate, dispuesto por Rivadeneira, el ponente y presidente de la Comisión de Régimen se retiró a su despacho para trabajar en el ajuste final del articulado, pero no concluyó hasta las 21:10, en que la presidenta de la Asamblea dispuso la suspensión de la sesión al agotarse los otros temas de la agenda legislativa.
Entre los ajustes realizados están los temas relacionados con la prohibición total en adquirir derechos mineros para aquellas personas naturales o jurídicas que mantengan acciones en paraísos fiscales. La propuesta final también eliminó la excepción a quienes tengan hasta el 25% de acciones, dejando la prohibición en el 100%.
El tema fue ajustado en aceptación al pedido hecho por Luis Fernando Torres (Movimiento Creo) que alertó de un error en el articulado (transitorias), y que dejaba –a su juicio- sin esa prohibición a la Ley.
Otro tema de ajuste fue la observación de Marisol Peñafiel (Movimiento PAIS), en el cual señaló que los fiscales no tienen competencia para disponer la destrucción de la maquinaria usada en la minería ilegal.
Además que eso corresponde a Agencia de Regulación y Control Minero, quien deberá tomar esa medida con apoyo policial y militar cuando no haya posibilidad de aplicar otra acción.
También se aceptó la sugerencia de la primera Vicepresidenta Rosana Alvarado, para que se determine la competencia exclusiva de los gobiernos descentralizados en el ámbito de la explotación de áridos y pétreos, y el destino del 100% de las regalías para esos niveles de gobierno.
Finalmente, no fueron aceptados por pedidos de la oposición de que se incluya una norma que especifique que la ley no afectará derechos colectivos, esto para obviar la exigencia de la CONAIE, la que pide se realice una consulta prelegislativa antes de aprobar la reforma minera enviada como urgente por el Ejecutivo. La Hora.
