«Ciudadanía Intercultural: Aportes desde la participación política de los pueblos indígenas de Latinoamérica» analiza los casos de seis países de la región: Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú.
Gerardo Noto, coordinador del área de gobernabilidad democrática del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) para América Latina y el Caribe, dijo a Efe que pese al progreso «paulatino» de los últimos años, con una mayor participación política y electoral de los indígenas, «aún queda mucho por hacer a nivel parlamentario y con las mujeres».
El estudio, presentado en el marco del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas que se celebra hasta el 31 de mayo en Nueva York, destaca la difícil inserción política de las mujeres indígenas que se enfrentan a una «triple discriminación» por ser mujer, indígena y pobre.
«Más allá de las dificultades que suelen enfrentar las mujeres en la ascensión política, especialmente en países en desarrollo, los usos y costumbres de las prácticas jurídicas tradicionales o ancestrales tampoco favorecen la participación política de las mujeres indígenas», aseguran desde el PNUD.
Y es que aunque las mujeres pueden votar y en varios países de la región hay políticas afirmativas como sistemas de cuotas en partidos y cargos públicos, en el caso de las indígenas los temas de participación política y los de salud sexual y reproductiva son «los más rezagados en la región», según el informe.
En América Latina y el Caribe viven en la actualidad unos 50 millones de indígenas, lo que equivale al 10 por ciento del total de la población, aunque en dos países, Perú y Guatemala, casi la mitad de los habitantes son indígenas, mientras que en Bolivia superan el 60 por ciento.
Los números no dejan espacio para las dudas. En el caso de México, la Cámara de Diputados, conformada por 500 congresistas, cuenta con 14 diputados indígenas, de los cuales cuatro son mujeres, mientras que en el caso de Guatemala, sólo tres de los 19 diputados indígenas son mujeres, en una cámara de 158 representantes.
En Bolivia, 41 de los 130 diputados son indígenas, pero solo nueve mujeres; en Perú, de los 130 congresistas solo dos de los nueve indígenas son mujeres; en Ecuador, de los 124 asambleístas, solo dos de los siete indígenas son mujeres, y en Nicaragua, dos de los tres diputados indígenas son mujeres.
Según el análisis, entre los factores que han ayudado a aumentar la participación e influencia política de los pueblos indígenas, destaca el incremento de los movimientos de esos pueblos nativos, favorecidos en buena medida por las nuevas tecnologías de la comunicación como la telefonía móvil, internet y redes sociales.
El informe, escrito en su mayoría por expertos indígenas, añade que otros factores han sido la ampliación de los derechos de los pueblos indígenas tras la firma y el reconocimiento de convenios internacionales y el incremento de agencias y cargos públicos que impulsan los temas indígenas.
«Más allá de la cuestión cultural, los pueblos indígenas detienen relativamente pocas tierras, muchas veces improductivas, y viven bajo la línea de pobreza e indigencia, lo que dificulta su inserción en la política», asegura Heraldo Muñoz, director del PNUD para América Latina y el Caribe.
El estudio pone de manifiesto que los niveles de pobreza entre los pueblos indígenas prácticamente no han cambiado en los últimos años, a pesar de los logros que se han obtenido en materia de reducción del hambre y la pobreza en América Latina en las últimas décadas.
«La población blanco-mestiza se beneficia pero no los indígenas, como si estuvieran en un mundo donde no llegara lo más positivo del esquema del desarrollo», lamenta el informe, escrito por expertos indígenas en la materia y en el que se documentan buenas prácticas logradas en los últimos años.
La nicaragüense Mirna Cunningham, del pueblo misquito, asegura en el estudio que los cambios jurídicos, políticos y culturales de los últimos años han permitido empezar a revertir la exclusión histórica de los pueblos indígenas «pero los desafíos pendientes demandan el compromiso y la voluntad política de todos y todas». EFE