Un proceso de contratación que el Gobierno echó a andar en enero para mejorar el control de las pistolas, revólveres y carabinas que están en manos de particulares acaba de dejar al descubierto un boquete en la información oficial en una materia sensible: el porte de armas en todo el país.
La Industria Militar Colombiana (Indumil), el ente encargado de autorizar su porte y tenencia, no tiene estadísticas sobre los salvoconductos que están circulando y por los que cobra entre 93.000 y 246.000 pesos, según el calibre.
Así lo señalan documentos reservados, a los que EL TIEMPO tuvo acceso, ventilados dentro del proceso que Indumil prepara para modernizar esos salvoconductos y que cierra oficialmente hoy. El propósito es cambiar los permisos implementando tecnología avanzada, como la identificación de los portadores con huellas y con el iris y lograr que la base de datos del Departamento Control Comercio de Armas de las Fuerzas Militares se conecte con la Registraduría y agencias de seguridad. Hasta se habló de incorporarles a las armas un chip para monitorear su ubicación. Pero el proceso -que puede costar 100.000 millones de pesos- está frenado porque las cuentas de Indumil no cuadran. Inicialmente, le pidió a un grupo de ocho firmas nacionales y extranjeras que le ofertaran el cambio de 1,2 millones de salvoconductos: 288.000 por tenencia y 923.000 por porte de armas.
Incluso, en el sondeo de mercado, entregó cifras de las ciudades que concentran más armas para que se calculara cuánto vale montar la infraestructura de renovación de permisos (ver gráfico). Pero hace un mes, Indumil frenó el proceso «hasta nuevo aviso» porque «a la fecha no contamos con la estadística de expedición de permisos de porte y tenencia de armas, dato fundamental para proyectar las inversiones».
La falta de estadísticas en un tema considerado de seguridad nacional fue admitida en una carta reservada por el gerente de Indumil, general (r.) Gustavo Matamoros. Sin mayores explicaciones, Indumil pide que los interesados en el negocio coticen la expedición de solo 60.000 salvoconductos anuales (300.000 por los cinco años que durará el contrato). ¿Qué pasó con el otro millón? Nadie da razón. El director de Control de Armas y Explosivos de las Fuerzas Armadas, coronel Juan Carlos Rodríguez, le dio a EL TIEMPO otra cifra sobre los salvoconductos expedidos: 850.000, 350.000 menos de los consignados en la convocatoria de Indumil. Cuando se le preguntó por qué ya no pedía el sistema de identificación digital, dijo que desconocía el proceso. «Ese es un tema contractual que maneja Indumil», afirmó.
EL TIEMPO buscó la versión del gerente de Indumil, pero está en China. Sin embargo, una fuente de la entidad dijo que por ahora lo que se está haciendo es «un sondeo de mercado para buscar la mejor tecnología y precio». Pero no pudo explicar la reducción de cifras y de exigencias tecnológicas.
«Si vemos que no es viable porque la tecnología es muy costosa, lo paramos», explicó.
Por ahora, al menos cinco de las firmas invitadas al proceso se retiraron.
Algunas dicen que ningún gobierno puede adelantar un contrato en un tema tan sensible sin tener cifras y condiciones claras. «Al parecer, la mayoría de permisos se les vencieron y no saben cómo localizar a sus portadores. Esto daría para una demanda», aseguraron.
FUENTE: ELTIEMPO.COM