15 ago (EFE).- La «amenaza» del Gobierno británico de «asaltar» la embajada de Ecuador en Londres para «arrestar» al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, tensó hoy las relaciones entre los dos países, a la espera de que Quito defina mañana jueves si concede o no asilo político al exhacker australiano.
El Ejecutivo ecuatoriano reaccionó con preocupación y también con firmeza ante el ultimátum británico, cuyo Gobierno dice estar dispuesto a cumplir la «obligación» de extraditar a Assange a Suecia, donde se le acusa de supuestos delitos sexuales.
El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, en una comparecencia ante la prensa, calificó al gesto de Londres como un «acto hostil e inamistoso», tras señalar que cualquier violación al espacio de su Embajada en Londres será también al derecho internacional y que recibirá una respuesta contundente en el plano diplomático.
El cruce de amenazas rompió también una «tregua olímpica» que anunció el Gobierno ecuatoriano antes de los Juegos de Londres, cuando señaló que la decisión sobre el asilo a Assange la tomaría después del certamen deportivo.
Asimismo, se dio la víspera del anuncio de esa decisión que, según el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se basará en los principios de soberanía y estricto respeto a los derechos humanos.
Ecuador sopesa en esa decisión la posibilidad denunciada por los abogados de Assange, en el sentido de que su cliente, si es llevado a Suecia, de allí podría ser extraditado a Estados Unidos, donde podría ser condenado hasta con la pena de muerte por haber filtrado cables diplomáticos de ese país.
Patiño afirmó con claridad que si las autoridades de Londres irrumpen en la Embajada ecuatoriana, el Gobierno de Quito replicará con contundencia y tomará acciones diplomáticas.
Aunque recordó las «tradicionales relaciones de amistad y cooperación» con el Reino Unido y el habitual «diálogo y concertación» asumido por ambos para superar diferencias, el canciller dijo temer que se consume la «amenaza».
Ello, además, constituiría «un peligrosísimo precedente» que «abriría la puerta a la violación de un espacio declarado inviolable, como lo es todo local de representación diplomática de cualquier país del mundo», añadió Patiño.
Aclaró también que «la protección» que Ecuador brinda a Assange se basa en «principios universales y al respeto a los derechos humanos».
Por tanto, agregó, «ninguna amenaza o acción de fuerza unilateral puede hacer que nuestro país renuncie a estos principios».
Patiño resumió la posición ecuatoriana con una frase: «Nosotros no somos colonia británica, los tiempos de la colonia terminaron» y dijo que pedirá una reunión urgente de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para tratar este asunto.
También dijo que pedirá una reunión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar de obtener «una respuesta común ante esta amenaza a un Estado americano».
El Gobierno de Londres, por su parte, precisó hoy que tiene la «obligación legal» de extraditar a Suecia a Julian Assange, como ha decidido el Tribunal Supremo británico de justicia.
«Estamos decididos a cumplir esta obligación», señaló hoy un portavoz del Ministerio de Exteriores británico, pues la justicia de ese país falló a favor de su entrega a Suecia, con base en una euroorden dictada por un fiscal, pese a que la defensa de Assange ha alegado que debía proceder de un juez.
El fundador de WikiLeaks es reclamado en Suecia por presunta violación y acoso a dos mujeres a las que conoció durante un viaje a Estocolmo en agosto de 2010, con las que él asegura mantuvo relaciones sexuales consentidas.
Assange aduce que esas denuncias podrían ser parte de una «persecución» y un plan para luego extraditarle a Estados Unidos.
El exhacker australiano, de 41 años, fue detenido en Londres en diciembre de 2010, justo después de que su portal revelara miles de cables diplomáticos confidenciales de Estados Unidos, que pusieron en apuros a varios gobiernos, especialmente al de Washington. EFE