El Comité para la Protección de los Periodistas expresó su preocupación por el cierre de once emisoras de radio.
“Hemos encontrado que más de una mitad de las emisoras cerradas habían sido críticas con el Gobierno”, lamentó el director ejecutivo del CPJ, Joel Simón, en una carta al superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo Palacios.
El responsable de la organización de defensa de la libertad de prensa con sede en Nueva York dijo que aunque el Gobierno tiene el derecho de regular el espectro radioeléctrico también tiene la obligación de hacerlo de manera transparente e imparcial.
Así, tras concluir que en algunas instancias el ente regulador no cumplió el debido proceso garantizado por ley, Simón reiteró su preocupación ante la posibilidad de que las emisoras hayan sido clausuradas por efectuar críticas sobre las autoridades ecuatorianas.
Según la ley de radiodifusión, el gobierno puede cerrar emisoras cuando llevan seis meses de retraso en los pagos, pero el análisis del CPJ concluyó que varias emisoras fueron cerradas a pesar de que la justicia todavía no se ha presentado sobre sus apelaciones.