La embajada de Ecuador en España mostró su preocupación por los recortes anunciados por el gobierno español.
Esta medida afectará a a los inmigrantes más vulnerables y, entre ellos, a los ecuatorianos, la mayor colectividad latinoamericana en el país.
En un comunicado, la sede diplomática recuerda la decisión del Ministerio español de Sanidad de que, a partir de ahora, para que un inmigrante obtenga la tarjeta sanitaria no bastará con estar empadronado, sino que se exigirá también su residencia fiscal.
Ello implica que las personas que se encuentren en situación irregular sólo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona en este país.Ante esta decisión, que supone un giro radical a la política aplicada desde el año 2000 en España, cuando se aprobó la Ley de Extranjería, la embajadora ecuatoriana, Aminta Buenaño, remitió una comunicación a la Secretaría española de Estado. En dicha misiva, la embajadora recuerda que todos los inmigrantes han aportado no sólo con su trabajo al desarrollo de España, sino también con aportaciones a la Seguridad Social.