Siempre hemos tenido nuetras reservas en cuanto a las buenas intenciones de quienes buscan hacerse de alguna forma de poder dentro del Estado, pero quizá esto se complete si esculcamos un poco más dentro de sus antecedentes, quizá nos hallemos infortunadas sorpresas.
Por ejemplo tenemos el caso del asambleísta, Galo Lara, que enfrenta una instrucción fiscal por un homicidio triple. ¿Será que es correcto que el legislador siga asistiendo a las sesiones de la Asamblea?
¿No es un requisito acaso tener un récord policial sin manchas, para dirigir las leyes de un país? Quizá este sea uno de los génesis de nuestra crisis de seguridad en nuestro país. Deberían abrirse sumarios administrativos a varios funcionarios, hay que saber a quien le damos el poder de dirigirnos.
