El Gobierno de Perú ha enviado 1.500 militares a la zona del Cuzco, donde 43 trabajadores fueron secuestrados el pasado lunes por un grupo armado que exige el pago de diez millones de dólares, informó ayer el Ministerio de Defensa.
El Gobierno anunció que adoptará “todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho constitucional a la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos tomados como rehenes”, manifestó su solidaridad “con la angustia de sus familiares” y les pidió mantener la calma.