28 mar (EFE).- Varias organizaciones afirmaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el sistema judicial boliviano se muestra pasivo ante las agresiones sexuales a adolescentes y además la sociedad las estigmatiza.
Miles de niñas y adolescentes bolivianas sufren cada año abusos sexuales, pero «muy pocas se atreven a denunciarlo, porque ese abuso está aceptado en la sociedad», dijo en una audiencia ante la CIDH el abogado Douglas Keeler, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad American (Washington).
Las denuncias que sí se presentan son en un 70 % de los casos «desestimadas o rechazadas por falta de pruebas», y sólo un 0,5 % de los casos tramitados cada año concluyen en sentencia, indicó Julieta Montaño, de la Oficina Jurídica para la Mujer de Bolivia.
«Las denuncias de abuso sexual son tratadas como delitos sin gravedad ni trascendencia social alguna», señaló Montaño, quien denunció que debido a la elevada carga procesal de los tribunales, «los fiscales presionan a las víctimas para que acepten salidas alternativas al juicio penal».
En una audiencia que no contó con representación del Estado boliviano, las organizaciones aseguraron que existe una ley que indica que no podrán aceptarse las denuncias de la víctima si ésta ha contraído matrimonio con el agresor y ha «cohabitado» con él una vez que cesaron los abusos.
«Esto atenta contra los derechos humanos de las niñas, ya que impide que denuncien la nulidad del matrimonio una vez que han tenido ocasión de reflexionar sobre lo ocurrido», afirmó Montaño.
Por su parte, la abogada María Leonor Oviedo denunció los interrogatorios «humillantes» a los que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) boliviana somete a las víctimas, en los que deben exponer su testimonio «hasta 10 veces» y «sin confidencialidad alguna».
Además, criticó que no exista en Bolivia un instituto médico de investigación forense, por lo que las víctimas deben asumir las cargas económicas de los exámenes necesarios para determinar que hubo agresión, y que tampoco hay terapias especializadas para ellas o centros de acogida específicos.
La psicóloga boliviana Brisa de Angulo, que sufrió abusos sexuales en su adolescencia y fundó el centro «Una brisa de esperanza» para asesorar a las víctimas, afirmó que la mayoría de adolescentes que rompen el silencio «terminan por negar que eso les ocurriera, porque la sociedad las culpabiliza y las tacha de mentirosas».
«Entre los propios fiscales, existe una presunción de que la víctima va a mentir antes de entrevistarla, lo que lleva a un sesgo al analizar su testimonio», apuntó Angulo.
Las organizaciones pidieron a la CIDH que elabore un informe sobre el asunto, para «instar a Bolivia a cumplir con sus obligaciones internacionales en la protección de los derechos de las niñas adolescentes», y que haga visitas periódicas al país para estudiar la situación sobre el terreno.
El comisionado Rodrigo Escobar Gil consideró que las denuncias «revelan una grave situación de impunidad y falta de justicia en Bolivia».
Por tanto, pidió a los denunciantes más información para determinar si la causa es un «colapso total de la justicia», lo que demostraría que hay «problemas estructurales graves en el funcionamiento del Estado de derecho» en el país. EFE