22 mar (EFE).- La Alianza Internacional de Agencias Católicas de Desarrollo (CIDSE) y la Plataforma Europa Perú (PEP) informaron hoy que han pedido al presidente peruano, Ollanta Humala, que haga cumplir a la empresa Doe Run la normativa medioambiental PAMA y proteja a quienes intentan defenderla, como Monseñor Pedro Barreto.
La directora del proyecto protector del medio ambiente Mantaro Revive, «y por extensión» Monseñor Barreto, Arzobispo de la ciudad peruana de Huancayo, fueron amenazados de muerte el pasado día 2, subrayaron las mencionadas organizaciones.
Justo dos días antes, la Archidiócesis de Huancayo había reclamado en un comunicado divulgado por la prensa «el respeto del derecho básico a la salud de los ciudadanos de La Oroya», ante el inminente inicio de las operaciones de la empresa Doe Run, propietaria de un complejo metalúrgico en esa ciudad.
En la misiva divulgada hoy en París y enviada al presidente peruano el pasado día 13, la CIDSE y la Plataforma PEP subrayaron que Doe Run, que nunca llegó a cumplir el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), «ha solicitado incomprensible e irresponsablemente» una tercera prolongación del plazo para aplicar esa normativa.
Algo «indignante» para Monseñor Barreto, quien subrayó «las graves consecuencias que tendría la aprobación de dicha ampliación para la vida y salud de la población», según explicaron CIDSE y PEP en su carta a Ollanta Humala.
El tema de fondo «es la forma como se está procediendo con una empresa que lejos de promover el desarrollo integral en la zona, está generando un clima de desconfianza y de alta contaminación», recordaron al presidente.
Junto con Monseñor Barreto la organizaciones destacaron que «la mayor amenaza» contra la vida es «seguir aceptando la contaminación del aire, el plomo en la sangre de nuestros niños y saber que el futuro no será el mejor después de tanto contagio».
Por todo ello instaron al jefe de Estado a «no conceder una tercera ampliación del PAMA» sino exigir su inmediato cumplimiento a la empresa en cuestión, así como a proteger a todos los defensores del medio ambiente, incluidos por supuesto el Arzobispo de Huancayo y el equipo de Mantaro Revive.
Esta doble petición fue hecha, asimismo, a todo el Gobierno y a los congresistas peruanos, indicaron.
A todos ellos solicitaron encarecidamente buscar «una solución acorde con el respeto de los derechos fundamentales de los pobladores de La Oroya», tan elementales como «el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano».
La Oroya es «uno de los diez sitios más contaminados del mundo», según recordó la agencia francesa CCFD-Terre Solidaire, que divulgó en Francia la misiva al presidente del Perú y que desde hace años apoya al arzobispo Pedro Barreto en su búsqueda «de un plan de gestión medioambiental» de la fábrica instalada allí.
En 2009, informaron, el arzobispo denunció «el acoso» del que eran víctimas los defensores de los Derechos Humanos y del medio ambiente en Perú, cuando fue invitado a participar en la campaña Cuaresma de esa organización francesa.
Entre las agencias que «trabajan juntas para la justicia global» en el seno de CIDSE figuran CAFOD de Inglaterra y Gales; CCFD-Terre Solidaire de Francia; Desarrollo y Paz de Canadá; Entraide et Fraternite de Bélgica; Fastenopfer de Suiza; FEC de Portugal; Manos Unidas de España; MISEREOR de Alemania; FOCSIV de Italia y Center of Concern de Estados Unidos.
En la red europea de agencias de desarrollo y comités de solidaridad con actividades en Perú que integran la Plataforma PEP colaboran entre otros organismos Peru Support Group de Inglaterra; Asociación Pro Derechos Humanos de España; Secours Catholique de Francia; Informationsstelle Peru de Alemania; CATAPA y Broederlijk Delen de Bélgica; PLataforma Q’atary Peru de España; y Peru kommittén för MR de Suecia. EFE