4 mar (EFE).- Un total de 49 defensores colombianos de los derechos humanos fueron asesinados en 2011, año en el que las agresiones individuales contra estos activistas crecieron un 36 %, revela un informe del programa no gubernamental Somos Defensores.
El documento, al que tuvo acceso Efe, explica que ese incremento se tradujo en 239 ataques que incluyen asesinatos, amenazas, desapariciones forzosas, atentados, detenciones arbitrarias, agresiones con heridas y aplicación irregular del sistema penal, frente a los 174 actos intimidatorios registrados el año anterior.
Diana Sánchez, representante de la Asociación Minga, una de las tres organizaciones no gubernamentales (ONG) que conforman la plataforma Somos Defensores, expuso en una entrevista con Efe que 2011 fue un año de «claroscuros», pues al tiempo que aumentaron las agresiones el Gobierno trabajó por la protección de los defensores.
En ese sentido, Sánchez reconoció la preocupación del Ejecutivo de Juan Manuel Santos por la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los derechos humanos, pero hizo hincapié en la dificultad de su implementación, pues aún no se ha garantizado la fuerza de las instituciones en algunos territorios.
Es el caso de los norteños departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre, donde en conjunto ocurrieron 25 de los 49 asesinatos y que Sánchez atribuyó al «alto nivel de disputa de tierras y paramilitarismo» que presentan las tres regiones vecinas.
«El Gobierno nacional ha puesto los ojos allí en el marco de la Ley de Víctimas y ha sido mucha la presión de terratenientes, de ganaderos, de actores con mucho poder real que se niegan a entregar tierras que ellos usurparon de manera violenta en el pasado», explicó.
La activista identificó otro convulso corredor en la frontera sur con Ecuador, que compromete a los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Valle del Cauca, donde la violencia contra activistas se debe «a la fuerte confrontación del conflicto armado» en esa zona «de retaguardia para las guerrillas».
El informe resaltó que las principales víctimas de las distintas agresiones son indígenas, sobre todo de los pueblos Nasa, Emberá y Awá, así como los reclamantes de tierras y los líderes comunales.
En cuanto a los agresores, destacó el papel de «los paramilitares» al referirse a las bandas criminales que el Gobierno denomina «bacrim» y que son herederas de las estructuras de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas entre 2003 y 2006.
«El hecho de que el 50 % de los casos reportados tengan como presunto responsable a los paramilitares es un indicador de que éstos continúan actuando sin control», apuntó el documento, que resalta un aumento de la acción de estos grupos.
Somos Defensores también consideró que «las cifras evidencian la distancia existente entre la realidad de las regiones de Colombia y la efectividad de las recientes políticas de prevención y protección formuladas por las autoridades», al reclamar a la Fiscalía un mayor compromiso con los casos contra defensores.
Al comparar 2011 con años anteriores, Sánchez justificó esas diferencias: «No es que antes no hubiera ataques, al revés, lo que pasa es que hay dos fenómenos. El título de defensor (de derechos humanos) tiene más acepciones que el de exclusivamente activista de ONG y además hay más denuncias».
Además de la Asociación Minga también forman parte del programa Somos Defensores la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la ONG Benposta Nación de Muchachos.
El presidente de la CCJ, organismo que tiene estatus consultivo ante las Naciones Unidas, presentará las conclusiones de este documento el martes 6 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. EFE