23 feb (EFE).- La Fiscalía boliviana citó a declarar a líderes indígenas y activistas que marcharon en 2011 contra una carretera en la reserva natural Tipnis, por la retención forzada del ministro de Exteriores, David Choquehuanca, informó hoy el viceministro de Justicia, Nelson Cox.
El Ministerio Público ha enviado «notificaciones» a varias personas dentro de la investigación de una denuncia presentada por los ministerios de Justicia y Gobierno por la retención del canciller por unas horas, explicó Cox a Efe.
Aclaró que se trata de una «denuncia genérica» que no incluye nombres de acusados, sino que pide dar con los «posibles autores», por lo que es posible que los indígenas y activistas hayan sido convocados solo «como testigos».
Entre los citados figuran el líder de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, y el presidente del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas, más seis mujeres dirigentes de etnias amazónicas, detalla hoy el diario La Razón.
También fueron convocados el exviceministro de Tierras Alejandro Almaraz, el exsenador oficialista Lino Villca y el dirigente aimara Rafael Quispe, que se distanciaron del Gobierno que preside el nacionalista Evo Morales y se sumaron a la marcha de los amazónicos.
Los nativos marcharon durante 66 días hasta La Paz para exigir a Morales el fin de la construcción de la carretera, proyectada para partir en dos el Tipnis, financiada por un banco estatal brasileño y construida por una empresa de esa misma potencia regional.
La marcha estuvo detenida por una semana a más de 300 kilómetros de La Paz, por un bloqueo de policías y centenares de colonos y cocaleros leales al mandatario.
Choquehuanca fue a conversar con los amazónicos el 24 de septiembre, pero varias mujeres se disgustaron con él por intentar incluir en el diálogo a los cultivadores de Coca, materia prima para fabricar cocaína, y le obligaron a marchar con ellas para romper el cerco policial.
El Gobierno tildó de «secuestro» esa acción, aunque Choquehuanca nunca usó ese término y ha dicho que solo le habían «obligado a caminar».
Un día después, unos 500 policías atacaron violentamente a los marchistas cuando estaban acampados, en una acción que incluso Morales calificó de «imperdonable», aunque ni él ni ningún funcionario ha asumido responsabilidad por lo ocurrido.
En declaraciones a Efe, la vicepresidenta de la Cidob, Nelly Romero, lamentó que no haya justicia «para todos».
«Se puede ver que solamente para el Gobierno tienen justicia y para nosotros no hay. El canciller no fue maltratado físicamente, así como fuimos maltratados nosotros en la represión», señaló.
Recordó además que la Fiscalía «ha liberado de responsabilidades» a Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, al rechazar dos demandas por genocidio presentadas por indígenas y opositores tras la violenta represión policial.
Morales promueve ahora una consulta entre los pueblos del Tipnis, incluyendo colonos y cocaleros invasores de la reserva ecológica, según la oposición y los nativos, para poder reanudar las obras de la carretera, aunque él la vetó con una ley cuando los amazónicos llegaron en octubre pasado a La Paz.
Los indígenas del Tipnis rechazan la consulta, que Morales llama «previa», porque opinan que debió hacerse antes de contratar el crédito con Brasil y empezar las obras. EFE