El viernes de la semana anterior, desde las 08h30 se realizó la audiencia convocada por la jueza adjunta del Juzgado Primero de Trabajo de Pichincha, Elizabeth Cárdenas.
A la misma asistieron el Procurador Metropolitano Ernesto Guarderas, Salim Zaidam, abogado defensor de la Procuraduría General y Antonio Ricaurte, quien presentó una demanda de inconstitucionalidad de las ordenanzas aprobadas el nueve de diciembre en sesión del Concejo Metropolitano de Quito.
En la sesión se aprobaron las ordenanzas que racionalizan la determinación y cobro del impuesto a los predios urbanos y rurales para el lapso 2012-2013, el cobro de la contribución de mejoras y el impuesto a la utilidad y plusvalía de las transferencias de dominio de predios urbanos.
Señaló que no podian revocarse las ordenanzas, que se incluyeron en el Registro, el 19 de diciembre.
