Hace varios días en las localidades de Portete y Tarqui, en la provincia de Azuay, se realizó una consulta popular para definir si se prosigue con la explotación minera en el sector, en el cual triunfó el No. Ahora la legalidad de este proceso está en duda, ya que el Consejo Nacional Electoral no ha participado en él.
Lo que no se puede es desligitimar la decisión del pueblo. Habría que realizar una nueva consulta con el proceso debido, en la cual todos participen.La acción minera sin ninguna planificación, puede afectar incluso la salud de quienes viven en las cercanía de la zona. Ojalá no se de un nuevo enfrentamiento entre el gobierno y los sectores sociales, solo es cuestión de reflexionar sobre lo que le conviene al país. Los recursos deben ser bien manejados
