Con agrado han sido aceptados los últimos cambios en la Función Judicial, a pesar del descontento parcial con el decreto de estado de excepción. Ahora los despachos no podrán cerrar a medio día y las personas que laboran allí se turnarán para ir a almorzar (como sucede en cualquier empleo). Además se está realizando un inventario a todos los casos represados desde hace años. Esto servirá para darles seguimiento.
En este proceso no se trata de luchar por el poder, sino de sanear una institución plagada por la corrupción.
Aunque el estado de excepción amplía los poderes al Ejecutivo, éste podrá mover las fichas, como convenga. Quizá solo haya sido suficiente con declarar estado de emergencia. La veeduría tendrá una importante labor.
