En agosto de 2010, decenas de migrantes murieron bajo las balas del cartel de Los Zetas. Entre ellos se encontraba Freddy Lala Pomavilla, un compatriota que intentaba cruzar la frontera hacía Estados Unidos en busca de un mejor futuro para su familia.
Durante todos estos meses se desataron varias polémicas. Por un lado, Pomavilla denunció la falta de cumplimiento de la promesa del gobierno de protegerlo a él y su familia. Las acusaciones iban y venían, pero nunca se aclaró, ni se escuchó del propio ciudadano que haya recibido la ayuda que pedía. La protección a testigos es una de las falencias en el sistema judicial y policial del país. A pesar de lo sucedido, miles de personas aún arriesgan sus vidas para huir de un sistema que hasta ahora no ofrece otra salida.
