David Rosero, uno de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aseveró que son 46 los funcionarios de la institución que han sido perjudicados por fraudes electrónicos.
Los empleados, a quienes se les ha debitado, de forma irregular, distintos montos de sus cuentas bancarias, exigen la devolución de esos valores a los bancos privados.
Hasta el lunes eran 31 los funcionarios que presentaron la denuncia, pero el robo no ha parado y ya han aumentado a 46.
Según indagaciones de la Fiscalía, los débitos se han realizado desde otros países, como Estados Unidos, Panamá y Colombia.
Por su parte, Ricardo Cuesta, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, señaló que continúa el compromiso de las financieras para evitar los perjuicios informáticos.
Mencionó además, que el delito informático es una de las formas delincuenciales más difíciles de detectar y que se trata de mafias organizadas.
