Líderes comunitarios de la parroquia de Victoria del Portete y Tarqui, ubicadas al sur de Cuenca, en la provincia del Azuay, tratan de superar el conflicto con la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarrillado. El problema se originó por la disputa de la administración de la planta de agua potable que abastece a 13 comunidades de la zona.
Los comuneros, quienes afirmaban que con el control de la planta también se quería allanar el camino para la explotación minera del sector, proponen un manejo coordinado del sistema.
El gobernador de Azuay, Humberto Cordero, tras la firma de un convenio, ordenó que se retire el resguardo militar que se encontraba en el sector desde la tarde del sábado.
Cordero aclaró que son falsos los rumores sobre una entrega del agua a empresas mineras o al Parque Industrial.
Las parroquias mencionadas no tienen servicio de agua potable desde el fin de semana pasado, cuando inició la protesta.
