El presidente ecuatoriano Rafael Correa reiteró que desconocía los contratos que adelantó su hermano mayor, Fabricio Correa con el Estado. Advirtió que tomará acciones legales para quienes aseveren lo contrario sin las pruebas necesarias.
Refirió tener un informe de la Contraloría para vigilar los contratos que el Estado ecuatoriano suscribió con las empresas relacionadas con el hermano del presidente. Donde se señala que aparentemente existió ilegalidad en estas adjudicaciones y que el Estado habría sido perjudicado en aproximadamente 143 millones de dólares. Correa ordenó la terminación inmediata de estos contratos al desatarse el escándalo en junio del 2009.
