Las audiencias de los 628 trabajadores de Petroecuador denunciados por la Secretaría Nacional de Transparencia, por un presunto conflicto de intereses iniciaron ayer.
Los acusados, suspendidos de sus funciones el pasado 17 de septiembre, tienen acciones de la empresa privada de combustible Gaspetsa. La Secretaría Nacional de Transparencia, que inició la denuncia, los acusa de incumplir los reglamentos de Petroecuador.
Los trabajadores sancionados disponen de treinta días para probar su inocencia y refutar las alegaciones con la presentación de evidencias en las audiencias.
Según el Gobierno, Gaspetsa compraba combustible a Petroecuador y luego lo vendía a pescadores del norte del país y en 2005 recibió un contrato irregular de la empresa estatal.
Su negocio florecía gracias a “la información privilegiada” a la que tenían acceso sus accionistas.
