Un miembro de la familia Graiver, antigua propietaria de Papel Prensa, fabricante de papel para periódicos, refutó ayer las denuncias del Gobierno argentino sobre la ilegalidad de la venta de la papelera a los diarios Clarín y La Nación, los de mayor tirada del país, durante la última dictadura militar (1976-1983).
La presidenta argentina Cristina Fernández, presentó el martes un informe oficial, que sostiene que hubo “ilegalidades” en la venta de la papelera, en la que el Estado es accionista mayoritario. Dicho documento servirá de base para una denuncia penal contra Clarín y La Nación.
Fernández propondrá al Parlamento una ley que declare de interés público a este papel, para que el Estado pueda regular su producción, venta y distribución.
