El reciente asesinato de una joven exmodelo en Bolivia ha reavivado la alarma social e institucional por los altos niveles de violencia machista en el país andino, donde la aprobación en 2013 de una dura ley contra el feminicidio no ha logrado un efecto disuasorio.
Sophia Calvo, de 26 años, fue acuchillada hasta la muerte el pasado fin de semana en la ciudad de Santa Cruz (este) por un empleado del aparcamiento donde solía dejar su coche, quien fue detenido horas después con el cadáver de la chica en el maletero del vehículo.
Este crimen, que provocó una emotiva reacción en la sociedad boliviana, pasa a engrosar una estadística ya alarmante para las organizaciones sociales y organismos internacionales.
Según datos difundidos hoy por la directora del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), Mary Marca, en lo que va de año 98 mujeres han sido asesinadas en Bolivia, y de esos casos 59 fueron feminicidios, en la mayoría de los casos perpetrados por la pareja o expareja de la víctima.
Marca pidió al Gobierno que declare «alerta» ante esta situación y mencionó tanto el asesinato de Calvo como la violación en La Paz de dos hermanas de 13 y 14 años, entre otros casos recientes.
Unas 4.000 personas se concentraron esta semana en Santa Cruz para protestar contra la inseguridad ciudadana y en especial contra la vulnerabilidad de las mujeres en un país que registra los niveles más altos de violencia física hacia las féminas de toda Latinoamérica, según datos del Programa ONU-Mujeres.
El caso sirvió incluso de revulsivo para el colapsado sistema judicial boliviano, ya que dos días después del crimen el asesino confeso fue condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, en una decisión judicial sorprendente por su rapidez.
La sentencia por el asesinato de Sophia es una de las pocas que se han dictado por feminicidio desde que en marzo de 2013 entró en vigor la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que tipifica dicho crimen como el asesinato de una mujer por su condición de mujer y lo castiga con la pena más alta de la legislación boliviana.
También otro hombre recibió ayer en Bolivia la pena máxima que prevé esa ley, aunque en este caso la sentencia llegó tras 15 años en los que el caso pasó por 10 jueces distintos.
El condenado fue Odón Mendoza, acusado de violar, torturar y asesinar en 1999 a una pequeña de 10 años alumna del colegio en el que él era regente.
Pero que se dicten dos condenas por feminicidio en apenas dos días ha sido algo inédito hasta ahora en Bolivia.
La propia ministra boliviana de Justicia, Sandra Gutiérrez, reconoció este miércoles que a pesar de que el país cuenta con normas que protegen los derechos de las mujeres, «se pudo verificar que éstas no están siendo aplicadas a cabalidad».
«Se realizan todo el tiempo muchos eventos a nivel nacional, departamental, socializando, hablando mucho sobre los derechos de las mujeres, sin embargo a la hora de aplicar la norma no se aplica», dijo Gutiérrez, según un boletín de su Ministerio.
En esta línea, la coordinadora del Cidem, Lourdes Peñaranda, señaló recientemente a Efe que el 97 % de los asesinatos de mujeres quedan impunes debido a la dificultad para aplicar las sanciones que establece la nueva ley.
«Hasta ahora sólo hay cuatro casos con sentencia, la mayoría de los sucesos tipificados como asesinato y no como feminicidio», indicó Peñaranda, quien confió en que la reglamentación de la citada norma se apruebe en noviembre próximo.
Según datos del Observatorio Manuela del Cidem, entre los años 2009 y 2013 se registraron en Bolivia 492 asesinatos de mujeres.
Estas cifras no han pasado desapercibidas para los organismos internacionales presentes en el país andino.
El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia reiteró ayer su «preocupación y consternación» por el elevado número de casos de feminicidio, que evidencia «la necesidad inmediata de poner en vigencia mecanismos que garanticen y protejan los derechos de las mujeres».
La ONU, a través de un comunicado, consideró que «el Estado, de manera urgente, debe incrementar recursos humanos y financieros para proteger a las mujeres bolivianas en todo el territorio» y llamó a la sociedad a «fortalecer su compromiso» de luchar y acabar con esta lacra.
Además, a la alarma social de los últimos días se le sumaron hoy unas polémicas declaraciones del candidato a senador Ciro Zabala, perteneciente al Movimiento al Socialismo, el partido del presidente boliviano, Evo Morales.
Zabala afirmó a una radio local que las jóvenes que visten de forma provocativa y se emborrachan «lo único que hacen es exponerse a que se cometa el delito».
La bancada del MAS en el Parlamento boliviano ya ha pedido la dimisión de este candidato. EFE