El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció hoy que las autoridades intentarán nuevamente ingresar en una zona amazónica de este país andino, donde personas armadas protegen a tres condenados por injurias al gobernante.
«En Sarayaku (Amazonía) están desobedeciendo una orden judicial. Se actuará con todo el rigor de la ley», dijo el gobernante en una entrevista periodística en la zona norte del país, según la Presidencia.
«Vamos a entrar nuevamente con la Policía Nacional, diciendo ‘por favor entreguen a los prófugos’ y si impiden la acción de la Policía con estos grupos armados, declararemos estado de emergencia», advirtió.
El gobernante indicó que el problema en la comunidad es «gravísimo» pues se trata de un intento separatista en nombre de costumbres ancestrales, a propósito de la protección que sus dirigentes otorgan a personas condenadas judicialmente, publicó el portal de la Presidencia.
«Aquí existe solo una nación, está contradiciendo lo que dice la Constitución», añadió el gobernante.
El asunto «es muy grave, nosotros no vamos a ceder, no hay nada que negociar, están cometiendo los dirigentes sarayakus delitos», subrayó.
El pasado lunes, el Gobierno de Ecuador denunció que entre 200 y 300 personas con armas impidieron una diligencia para verificar la presencia en la zona de los tres condenados por injurias a Correa.
El Ministerio del Interior expresó que los individuos, con lanzas, machetes y palos «en actitud amenazante», impidieron que el director de la Policía Judicial, Milton Zárate, y el fiscal Fabián Salazar descendieran de los helicópteros en los que, acompañados de policías, habían llegado a la comunidad de Sarayaku, en la provincia amazónica de Pastaza, para comprobar la presencia de los condenados.
Los sentenciados son el comunidad de Sarayaku, su asesor Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa, los dos primeros condenados a dieciocho meses de cárcel y el tercero a seis.
La condena les fue impuesta por lanzar acusaciones contra Correa, sin pruebas, en relación con los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010.
Ese día, el gobernante estuvo retenido durante varias horas en un hospital de Quito en medio de una revuelta policial que el Gobierno consideró un intento de golpe de Estado. Los condenados le acusaron de haberse trasladado a las instalaciones de una universidad para planear su rescate y regresar luego al hospital para ser liberado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que acudieron los condenados, les otorgó medidas cautelares y reclamó al Estado ecuatoriano la suspensión de la ejecución de la condena, pero el Gobierno argumentó que el organismo no tiene competencia para hacer esta exigencia.
La comunidad Sarayaku decidió proteger a los imputados en virtud de las medidas de la CIDH.
Sobre una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que impediría cualquier incursión de la fuerza pública en territorio Sarayaku, la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, aclaró que esa sentencia se refiere a los permisos que debe autorizar la comunidad para las actividades petroleras que impliquen potenciales riesgos a su ecosistema.
Fuente: EFE