La amenaza inició hace un mes, cuando la Comisaria de Laderas, Patricia Naranjo dispuso el desalojo de decenas de familias que viven en el barrio de Pisullí, norte de la capital, desde hace varios años.
Basada en un estudio técnico de la Administración zonal de La Delicia, que demostró la ilegalidad de las casas que ahí se levantaron por la situación demografica del suelo, desconociendo la ocupación que por más de 26 años han tenido los vecinos en ese sector. Los moradores piden respeto y más que eso, solidaridad.
Contra estas prácticas de violencia y terror, cientos de vecinos de Pisullí, resolvieron en Asamblea General Ciudadana, el día 24 de marzo, a partir de las 10h00, crucificarse en la Plaza de la Independencia y en un acto de sacrificio por libertad y democracia, desangrarse frente al Palacio de Gobierno.
“Esta fue la primera medida, no le tenemos miedo a nada. Como no tenemos respuesta de parte del Gobierno, hace 16 días resolvimos iniciar la huelga de hambre, que a esta altura, es crítica”, indicó Edgar Coral, dirigente.
LUCHA EN CONTRA
Después del análisis dispuesto por la municipalidad y basados en el Acuerdo Ministerial Nº 008 de 19 de enero de 2010, llegó a nuestro barrio una ‘falsa intervención’ comandada por Luis Atilio Valenzuela Rosero, que como tiempo legal para su estudio, tenía 6 meses. “Como resultado de este proceso municipal, tenemos varios abusos. El cierre del Colegio Particular Laico José Martí que se financiaba con fondos de la Cooperativa, y por lo cual se ha dejado sin estudios a decenas de jóvenes adolescentes de este barrio. Otro desacierto de este representante del gobierno, es el desalojo de 9 familias, el 30 de marzo.
“Con maquinarias y policías, nos amedrentaron. Nuestros hijos tienen secuelas psicológicas de lo que vivimos. Como resultado de esta masacre, una de las principales dirigentes barriales, al momento presenta un cuadro grave de asfixia crónica. María Elena Minda, de 24 años, es una victima de este injusto acto”, señaló Adriana Perugachi, huelguista.
MÁS DE MIL PERSONAS
En este popular barrio de la capital viven más de 1800 familias, que se aferran a sus hogares y señalan que no permitirán su reubicación.
“El desalojo no puede realizarse y si se lo hace es un acto criminal, antijurídico sujeto a responsabilidades penales, por ello responsabiliza al Alcalde Barrera de los daños y perjuicios y de las víctimas que el pretendido desalojo causare”, indicó Edgar Coral Almeida, dirigente fundador de la cooperativa.
SITUACIÓN CRÍTICA
Los huelguistas: Juana Limaico, Nelly Sarango, Segundo Montenegro, Rosa Cifuentes, Raúl Cevallos, Eduardo Arciniega y Franklin De La Cruz, muestran graves síntomas por la falta de alimentación. Los organismos médicos indican que la situación es grave y es necesario que los dirigentes dobleguen su medida, si no tendrán consecuencias físicas de por vida.
