La justicia de Ecuador retiró la nacionalidad que había concedido a 196 cubanos tras detectar irregularidades en los trámites de naturalización, incluyendo matrimonios fraudulentos con ecuatorianos, informaron las autoridades este jueves.
El Tribunal Contencioso Administrativo de Quito declaró la nulidad de las resoluciones debido a anomalías halladas en el proceso en actas de matrimonio y certificados de movimiento migratorio, señaló la cancillería en un comunicado.
Aunque el ministerio de Relaciones Exteriores no precisó la nacionalidad de los implicados, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, confirmó a Andes que se trata de un grupo de cubanos a quienes esa institución pidió revocar la naturalización en 2010 por irregularidades, que incluían bodas arregladas.
Las ilegalidades fueron encontradas durante el proceso de verificación y validación de los documentos aportados por los extranjeros al Registro Civil, luego de recibir la nacionalidad ecuatoriana en 2010.
Debido a ello, la cancillería interpuso 281 acciones de lesividad (daño a los intereses públicos), con el fin de que mediante sentencia se declarara la nulidad de las resoluciones.
En 2010 se multiplicó el arribo de cubanos a Ecuador -país que no les solicita visa en el marco de su política de «libre movilidad»-, debido a lo cual Quito tomó varias medidas para su regulación migratoria.
En enero de 2013, el gobierno puso en vigencia la obligatoriedad de que los ciudadanos cubanos que ingresen a Ecuador presenten una carta de invitación, luego de que La Habana autorizará a sus ciudadanos a viajar al exterior sin necesidad de un permiso gubernamental.
Ese documento debe ser otorgado por un ecuatoriano o extranjero residente mediante una declaración juramentalda en la que se compromete a curbir los gastos de alimentación, hospedaje y servicios médicos, con lo cual los ciudadanos cubanos pueden permanecer hasta 90 días en territorio ecuatoriano.
El anfitrión debe demostrar solvencia económica y extender máximo una invitación al año, según la norma, que establece sanciones legales en caso de que se incluya información falsa.
Fuente: Andes