El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció hoy que llevará ante los tribunales al legislador opositor Cléver Jiménez y al asesor de éste Fernando Villavicencio, por haber obtenido supuestamente información confidencial suya y de sus colaboradores de manera subrepticia.
Aunque no quiso revelar detalles de la investigación, Correa dijo en un diálogo con periodistas que se han encontrado supuestos datos «contundentes» sobre el aparente «hackeo» o robo de información confidencial de documentos y correspondencia digital suya y de varios de sus colaboradores.
Las presunciones del mandatario se sustentan en una indagación previa ordenada por un juez, a pedido de la Fiscalía, que la semana pasada allanó la oficina de Jiménez y la vivienda de Villavicencio, para decomisar ordenadores y otros equipos informáticos.
Correa aseguró que hay «muchos indicios que serán revelados en su momento», pues se debe seguir el «debido proceso» sobre este caso.
«Aquí hay un delito gravísimo, durante meses se han ‘hackeado’ mensajes, las comunicaciones del presidente de la República, del Vicepresidente (Jorge Glass), del asesor jurídico (Alexis Mera), de la Secretaría Nacional de Inteligencia», sostuvo el jefe de Estado.
Añadió que «por respeto al debido proceso no doy más información, pero son cosas extremadamente graves».
«Nuestra decisión es enjuiciarlos penalmente», luego que «se haga la auditoría de las computadoras y se confirme» que ellos se apoderaron de información confidencial, lo que configura el «delito de divulgación de documentos interceptados de forma ilegal».
El asesor jurídico de la Presidencia dijo que él presentó la denuncia contra los imputados y pidió que se practique la diligencia «pre-procesal» que supuso el allanamiento.
Mera señaló que los especialistas deben revisar los ordenadores de Jiménez y Villavicencio para demostrar si poseían los correos electrónicos privados de los funcionarios del Gobierno.
Agregó que ambos tendrán que «responder ante la Justicia» y recordó que el delito que se les imputa se castiga hasta con seis años de prisión.
El presidente Correa criticó algunas aseveraciones de Jiménez en el sentido de que la información en su poder se puede conseguir en el mercado negro y que es ofrecida por colaboradores del propio Gobierno.
«Si son funcionarios públicos, entonces que los denuncie, porque esa gente estaría cometiendo un delito y un legislador no puede ser cómplice de un delito», replicó Correa.
El mandatario defendió la reacción del Ejecutivo frente al presunto robo de información confidencial y dijo que este caso es diferente al que se le imputa al exhacker australiano Julian Assange, que recibió asilo de Ecuador y se encuentra desde hace más de un año en la embajada de este país en Londres.
Correa aseguró que nunca ha avalado el robo de información y justificó el asilo a Assange porque en su caso «no había garantías para el debido proceso».
El mandatario ecuatoriano recordó que quien robó información confidencial de EE.UU. fue el soldado Bradley Manning, pero quien divulgó dichos cables «no es sólo Assange, es el New York Times, el The Guardian», es decir, otros «grandes periódicos del mundo».
«Entonces, ¿por qué se le quería juzgar a Assange y no a los otros periódicos del mundo que divulgaron la información?», se preguntó Correa al ratificar que ese caso es «totalmente distinto» al que se sigue contra Jiménez y Villavicencio, en el que sí se «ha respetado el debido proceso», según dijo.
Jiménez, legislador por el movimiento Pachakutik, anunció que denunciará al fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, así como al juez Jorge Blum, quien emitió la orden de allanamiento a su oficina en el Legislativo, pues dijo que no conocía del proceso en su contra y que goza de inmunidad parlamentaria.
El legislador ha dicho que, pese a la incautación de sus ordenadores, tiene documentos que confirmarían presuntos actos de corrupción en el Gobierno ecuatoriano que revelará en su momento. EFE